jueves, 9 de abril de 2015

Aprobación de la Ley contra la Discriminación en CABA

Por una iniciativa de la legisladora María Rachid, consensuada junto con lxs diputadxs Daniel Lipovetzky, Gabriela Seijo y Enzo Pagani, se aprobó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Ley contra la Discriminación que garantiza y promueve la plena vigencia del principio de igualdad y previene la discriminación en todas sus formas a través de la implementación y el desarrollo de políticas públicas inclusivas y acciones afirmativas que promuevan la igualdad de oportunidades y fomenten el respeto a la diversidad y a la dignidad inherente de cada ser humano. Esta ley también sanciona y repara los actos discriminatorios, garantizando el acceso a la justicia y generando condiciones aptas para erradicar la discriminación, la xenofobia y el racismo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.




La legisladora María Rachid y precandidata a renovar su banca por el FPV expresó: "Esta ley sobre actos discriminatorios para la Ciudad tiene el fin de promover la garantía constitucional de la igualdad desde la perspectiva de la diversidad y de trabajar de una manera más efectiva contra la discriminación. Creemos que la sanción de este proyecto otorga a la Ciudad una ley de avanzada en la materia que la pone a la vanguardia a nivel mundial. Estamos felices por haber transformado en ley nuestro proyecto que venimos trabajando desde hace tanto tiempo con organizaciones de la sociedad civil que militan los distintos grupos vulnerados por la discriminación, entre ellos la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), La Fulana, la Mesa Nacional por la Igualdad, la Asociación de Travestis, Transexuales, Transgénero de Argentina (ATTTA), el Frente de Migrantes Organizados, la Sociedad de Socorros Mutuos Unión Caboverdeana, la Agrupación de Agricultores Cannábicos Argentinos (AACA), la Coalición Argentina por un Estado Laico (CAEL), el Frente Nacional por la Igualdad del Movimiento Evita".
La ley amplía los pretextos discriminatorios, incluyendo a una gran cantidad de grupos que están fuera de la Ley Nacional sancionada en el año 1988 y que necesita una urgente actualización. Entre ellos, la diversidad sexual, las personas con discapacidad, lxs adultxs mayores y pretextos como situación familiar o condición socioeconómica, entre muchos otros. Además, establece mecanismos procesales para invertir la carga de la prueba en algunos casos y agilizar el reclamo por daños para quienes son víctimas de hechos discriminatorios. También genera herramientas para la intervención del Estado y las organizaciones sociales y establece mecanismos concretos para que la sociedad conozca sus derechos y cómo defenderlos.

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